LEMA

! POR LA LIBERACION ECONÓMICA, CULTURAL Y POLÍTICA DE NUESTROS PUEBLOS !







10 febrero 2017

¡NO AL MURO-TRUMP!


Desde el inicio de su campaña Donald Trump, la idea de prolongar el muro de la ignominia, que desde tiempos de Clinton se empezó a construir a lo largo de la frontera, fue uno de los temas principales que abordo, con el agravante de que pretende que el costo lo paguemos los mexicanos. En su desprecio hacia nuestro país Trump dijo; "No quiero tener nada que ver con México salvo la construcción de un MURO impenetrable". Y ha escrito "Me gusta provocar a mis adversarios para ver cómo reaccionan, si son débiles los aplasto y si son fuertes negocio".

El discurso de Donald Trump en su toma de protesta como presidente de Estados Unidos, fue egocéntrico; primero yo, luego yo, siempre yo, en la lógica del "Destino Manifiesto". Desde su óptica el resto del mundo no importa. Si la Muralla China se construyó contra las hordas del norte, el Muro según Trump es contra las hordas del sur, la historia vista al revés.

Donald ha humillado al “good man” Peña Nieto, al firmar la construcción del muro, condicionarle su visita al compromiso a que México lo pague, y amenazarlo al decirle “tienes bad hombres por allá… creo que tu ejército tiene miedo, el nuestro no, por ello podría enviar a los míos para resolverlo”.

Desafortunadamente los últimos gobiernos, con sus políticas neoliberales de subordinación al país del norte, han permitido estas actitudes imperiales, recordemos la triste y deshonrosa frase de Fox “comes y te vas” dicha al Comandante Fidel Castro, para no incomodar al presidente gringo.

El primer ministro Israel Benjamín Netanyahu se unió a la agresión contra México, declarando; “La idea del Presidente Trump es correcta, yo construí un muro a lo largo de la frontera sur de Israel, y paró toda inmigración ilegal, es una gran idea”. Salvo la opinión de este sionista, la repulsa a nivel mundial es prácticamente unánime.

Es la hora de que los mexicanos patriotas y nacionalistas dentro y fuera del territorio, formemos un amplio movimiento de UNIDAD POR MÉXICO, para rechazar tajantemente la construcción del “Muro Trump”, excluyendo por supuesto a los corruptos vende-patrias y a los pro-yanquis de la derecha, que ahora organizan marchas light. No se puede marchar contra Trump y no condenar el gasolinazo, la represión, la corrupción y la sumisión del gobierno. Juárez combatió al invasor extranjero pero también a los traidores.

Como señala el Dr. Lorenzo Meyer; A la crisis política interna, de años y creciente, se agrega hoy la crisis de la relación con Estados Unidos, esta difícil coyuntura debe servirnos y NUNCA volver a apostar por la salvación de México vía depender de aquellos, como lo hizo Salinas, la mejor defensa de México frente al exterior es una buena, sólida y legítima política interna.

Peña Nieto debería recordar que somos un país Latinoamericano (no una colonia de Estados Unidos), sin embargo desairó a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) al no asistir a su reunión, celebrada recientemente en República Dominicana, a pesar de eso el presidente de Ecuador Rafael Correa señaló: “'La solución a la migración no es un muro” y el presidente boliviano Evo Morales en la misma reunión enfatizó ”Hago un llamado a nuestros hermanos mexicanos a mirar más al sur; construir juntos unidad en base a nuestra identidad latinoamericana y caribeña”. El padre Alejandro Solalinde afirmó también, “Hay que mirar hacia el sur, Trump nos hizo un favor”. 

El FRENTE CULTURAL REVOLUCIONARIO, hace un llamado a los hermanos de LATINOAMÉRICA y amigos del Mundo, a denunciar y rechazar esta nueva agresión imperialista en contra de MÉXICO. Para honrar en su centenario a la Constitución Mexicana, tenemos que volver a confiar en nosotros mismos, defender y luchar por nuestra SOBERANÍA NACIONAL.

ES TIEMPO DE CONSTRUIR PUENTES QUE UNAN 
NO MUROS QUE DIVIDAN

¡POR LA LIBERACIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y POLÍTICA DE NUESTROS PUEBLOS!
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HONRAR LA CONSTITUCIÓN*


Los principios revolucionarios y de transformación social que conforman el eje vertebral de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) siguen hoy más vigentes que nunca. México no necesita una nueva Constitución ni un “reordenamiento” del viejo texto, y mucho menos otras “reformas estructurales” neoliberales. En lugar de buscar vías para cancelar, matizar o suavizar el legado de la Revolución Mexicana y la vigencia de nuestra histórica Carta Magna, habría que construir caminos para finalmente hacer valer el enorme abanico de derechos que todos ya tenemos de acuerdo con la ley.

“Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil”, reza la primera frase del artículo 123 de la Constitución. Cualquier persona que hoy se encuentra sin trabajo, o con un empleo que no lo dignifique como ser humano, se encuentra en franca violación del pacto nacional y social. La situación de las docenas de millones de desempleados y subempleados, así como de la multitud de personas quienes hoy laboran en el mercado informal o para grandes consorcios internacionales en condiciones deplorables, constituyen una abierta afrenta al Estado de derecho.

“Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará”, señala el artículo cuarto de la Constitución. El mismo artículo garantiza que todos los mexicanos también tengan acceso a “la protección de la salud”, “un medio ambiente sano”, “el agua en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible” y una “vivienda digna y decorosa”.

¿Usted, su familia, sus colegas y sus vecinos tienen satisfechas todas y cada una de estas necesidades básicas? Si es el caso, usted se encuentra entre las personas más privilegiadas del país, y además se mueve en un mundo enclaustrado, totalmente apartado de la vida cotidiana de la gran mayoría de sus compatriotas. Los derechos sociales más básicos de decenas de millones de personas son violados de manera flagrante todos los días y a todas horas en México.

El nuevo informe de la organización OXFAM-México ha demostrado que las 62 personas más ricas del mundo, entre las cuales se encuentra una media docena de mexicanos, ahora poseen la misma riqueza que las 3.5 mil millones de personas más pobres del planeta. En un estudio anterior, ya había revelado que los rendimientos financieros de la riqueza de los cuatro principales multimillonarios mexicanos les alcanzarían para contratar 3 millones de trabajadores mexicanos durante un año pagándoles el salario mínimo, sin perder un solo peso de su riqueza. (www.oxfammexico.org).

Los juristas que circunscriben las violaciones al Estado de derecho estrictamente al ámbito penal y público distorsionan la realidad y engañan a los ciudadanos. Si bien es cierto que el crimen organizado, el abuso de autoridad y la corrupción gubernamental son asuntos sumamente graves, solamente constituyen la mitad del problema. La privatización de los recursos y los servicios públicos, la destrucción del medio ambiente, la sobreexplotación de los trabajadores, así como la pobreza extrema en que se encuentra la mayor parte de los mexicanos, también violan flagrantemente la Carta Magna.

En otros países, la naturaleza conservadora y estrictamente liberal de las constituciones correspondientes obliga a los juristas progresistas a elaborar teorías rebuscadas para demandar la intervención del Estado en la defensa y la tutela de los derechos sociales y económicos. Tal es el caso en los Estados Unidos y en la mayor parte de los países de Europa, por ejemplo, donde los juristas de vanguardia muchas veces se ven obligados a recurrir al derecho natural o a los tratados internacionales para justificar su defensa del derecho más fundamental a una vida digna y sana.

Pero en México tenemos la gran fortuna de contar con una Carta Magna surgida de una de las pocas revoluciones sociales exitosas del siglo XX. Nuestro desarrollo jurídico se encuentra un paso adelante de los países supuestamente más “desarrollados”, muy a pesar de la ideología malinchista fomentada desde los aparatos ideológicos del Estado en la escuela, la Iglesia y los medios de comunicación. En lugar de cercenar nuestra historia para emular a las naciones coloniales e imperiales del norte, el mejor camino es entonces partir de una valoración de los grandes logros históricos de la república y el pueblo mexicanos.

Ello no implica, desde luego, caernos en una nostalgia estéril por los tiempos pasados. Al contrario, habría que inspirarnos en nuestra victoria histórica sobre el régimen despótico de Porfirio Díaz para actualizar las luchas de Zapata, Madero, Villa y Lázaro Cárdenas en el México de hoy. Antes, el problema central fue la concentración del poder económico y político en manos de los latifundistas, los burócratas y la Iglesia. Hoy, son los medios de comunicación, la clase política y el crimen organizado, dentro y fuera de las instituciones gubernamentales, quienes tienen postrada a la nación.

Los adversarios son diferentes, pero la causa y el objetivo son los mismos. Tal y como ocurrió hace un siglo, la justicia, la democracia y la paz solamente serán posibles con la lucha constante del pueblo mexicano desde abajo en defensa de sus derechos y a favor de la vigencia de su Constitución republicana. 

LOS RIESGOS DE BUSCAR UNA NUEVA CONSTITUCIÓN*


En el centenario de nuestra Carta Magna, fuimos testigos de un grotesco espectáculo en el que los mismos políticos y gobernantes responsables por la traición a los enaltecidos valores, principios y compromisos sociales contenidos en nuestra Constitución Política se erigieron como los guardianes de la legalidad, el estado de derecho y la justicia. Con enorme cinismo, los rateros se presentaron como defensores de la honestidad. Los vende patrias se pronunciaron a favor de la soberanía nacional. Los sátrapas, término persa equivalente a “cacique” en México, pronunciaron discursos grandilocuentes a favor de la democracia. Los oligarcas afirmaron que favorecen la justicia social. Y los asesinos juraron su compromiso más estricto con la paz y la armonía social.

Desde la creación del PRI en 1946, el régimen mexicano se ha basado en la hipocresía más profunda. A partir del sexenio de Miguel Alemán, electo como el primer presidente de la República emanado de las filas del nuevo partido, se inaugura una etapa de cinismo estructural en el que se colocan en un altar los grandes héroes de la patria y los principios de justicia social de la Constitución de 1917 con el único fin de distraer la atención pública y poder burlarse más libremente, en la práctica, de estos mismos héroes y principios.

La respuesta más fácil a esta evidente traición es arrojar por la ventana al proverbial bebé junto con el agua sucia. Desde las calles y las plazas del país, importantes organizaciones sociales y ciudadanos indignados proclaman que hoy en el centenario de la Constitución no hay “¡Nada que festejar!”. Afirman, no sin razón, que los derechos humanos y sociales contenidos en nuestra Constitución, al agua, a la alimentación, a la salud, a la tierra y al trabajo, no se cumplen y que las docenas de reformas impulsadas por los gobiernos neoliberales han trastocado la original esencia revolucionaria de nuestra Carta Magna. Estos grupos llaman a la población a participar en la redacción de una nueva Constitución que pudiera garantizar la verdadera tutela de nuestros derechos y la defensa de la Nación.

Este proyecto alternativo y renovador es muy loable. Es cierto que nuestra Constitución ha sido manoseada y traicionada un millón de veces por nuestros “gobernantes” y “autoridades”. Sin embargo, la experiencia vivida con la redacción de una nueva Constitución para la Ciudad de México, aprobada por la Asamblea Constituyente, demuestra claramente que antes de llamar a una nueva constituyente primero tendríamos que conquistar las instituciones públicas realmente existentes.

El control de Mancera y Peña Nieto, y en general del Pacto por México, sobre la redacción de la Carta Magna capitalina la convirtió en un documento que protege más a las élites que a los pobres y mermará de manera significativa el ejercicio de nuestros derechos fundamentales. Tal y como ya lo ha denunciado la doctora Irma Eréndira Sandoval, diputada constituyente por Morena y académica del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, el texto de la nueva Constitución implica graves retrocesos en materia de derecho a la protesta, al agua y a una vida digna.

Pero el problema central con la nueva Constitución de la Ciudad de México no es solamente que no haya establecido mecanismos claros para la exigibilidad de los derechos, sino que también haya incluido candados y cláusulas que aseguran de manera afirmativa que nuestros derechos jamás se cumplan.

Por ejemplo, el gobierno solamente tendrá la obligación constitucional de tutelar nuestros derechos sociales a la educación, a la salud o a la alimentación, “hasta el máximo de recursos públicos de que dispongan”. Y nuestro derecho a la protesta solamente será garantizado si no “afecta derechos de terceros”. El gobierno entonces se encontrará amparado por la misma Constitución para dejar a los ciudadanos en el abandono así como para mandar a los manifestantes a protestar a un “marchódromo”.

Otro retroceso importante es la transformación en la integración de la Asamblea Legislativa. En lugar de la distribución actual de 40 diputados de distrito y 26 de representación proporcional, ahora habrá 33 diputados por cada uno de los dos conceptos. El resultado será el debilitamiento de la representatividad territorial directa y un aumento en la cantidad de diputados plurinominales que sólo rinden cuentas a las cúpulas partidistas. La falta de un referéndum popular para aprobar el texto de la nueva Carta Magna también implica una inaceptable afrenta a la voluntad de los ciudadanos de la capital.

Las constituciones siempre son reflejos de los contextos y las circunstancias políticas correspondientes. En 1917, por ejemplo, los constituyentes lograron revertir muchas de las propuestas más retrógradas de Venustiano Carranza y elaborar nuevas redacciones para los artículos 3, 27 y 123 que revolucionarían el constitucionalismo moderno en México y el mundo. Ello fue posible gracias a las valientes luchas del ala agrarista y radical de la Revolución, encabezada por Emiliano Zapata y Francisco Villa.

En contraste, en 2017 la política institucional en México se encuentra en medio de una profunda crisis antirrevolucionaria en la cual los políticos solamente buscan satisfacer sus propios intereses. Esta situación de absoluta inmoralidad y falta de convicción está plenamente reflejada en el bodrio que ha resultado ser la primera Constitución de la Ciudad de México. Sería un grave error convocar hoy a un Congreso Constituyente para todo el país, ya que tendríamos el mismo resultado mediocre y peligroso al nivel nacional.

La buena noticia, sin embargo, es que la indignación ciudadana cada día se expresa más claramente y se articula con mayor efectividad a lo largo y ancho del país. Si la vasta movilización social logra generar una transformación política en las elecciones de 2017 y 2018, posteriormente nos encontraríamos en una coyuntura idónea para plantear una transformación de fondo y una actualización de nuestra Carta Magna.

*Artículos publicados en la Revista Proceso, números 1049 y 1101
www.johnackerman.blogspot.com
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SE PROMULGA LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE MÉXICO.




Febrero 5 de 1917. En el Teatro de la República de la ciudad de Querétaro, es promulgada la nueva Constitución, que entrará en vigor el próximo 1º de mayo. La secretaría de Gobernación informa que también se hará la solemne promulgación simultáneamente en las principales ciudades, por la persona indicada, que será acompañada por brigadas de infantería, caballería y artillería, así como por bandas de música y militares que recorrerán sus calles principales.

El pasado 31 de enero los diputados rindieron la protesta de guardarla, al igual que el primer jefe Venustiano Carranza. El país todavía no se encuentra en paz, grupos revolucionarios importantes se mantienen en armas y a pesar de estar prácticamente derrotados, Villa y Zapata siguen al frente de las causas que defienden. Otros grupos también se encuentran al acecho, porque serán enemigos del nuevo ordenamiento: los grandes terratenientes, las corporaciones extranjeras y desde luego, la Iglesia católica.

Durante las sesiones, la polémica de fondo, fue el alcance de la intervención del Estado en diversas materias como la educación, la reforma agraria, las relaciones laborales y las relaciones Iglesia-Estado.

Respecto a la educación, el debate duró cuatro días; los diputados radicales Múgica, Monzón y Álvarez se manifestaron a favor de la educación impartida por el Estado, al que corresponde la obligación de procurar el desarrollo nacional, pues si se promulgaba “libertad educativa”, el clero y las instituciones extranjeras, podrían difundir una enseñanza contraria a los intereses nacionales. El artículo 3º fue aprobado por una votación de 99 votos en pro y 58 en contra.

En materia agraria, la propuesta de Carranza fue rechazada por no satisfacer las demandas del campesinado revolucionario. El diputado Pastor Roauix, asesorado por Andrés Molina Enríquez, preparó una nueva propuesta que fue aceptada por unanimidad. Así, el artículo 27 combinó el régimen de pequeña propiedad con la dotación de ejidos a los pueblos; para hacer efectiva la reforma agraria, se fraccionarían los latifundios, se desarrollaría la pequeña propiedad, se crearían nuevos centro de población, se fomentaría la agricultura y se prevendría la destrucción de la naturaleza. El subsuelo, rico en petróleo y minerales fue declarado dominio de la nación.

En los artículos 4º, 5º y 9º, Carranza expresó su propuesta laboral bastante moderada. En el debate del 9º se decidió elaborar un nuevo artículo, el 123. Por votación unánime de 163 votos se aprobó la protección del obrero y el papel del Estado como regulador y árbitro en los conflictos obrero patronal. Así, en el capítulo de las garantías individuales quedó señalado el ejercicio libre de las profesiones y en el 123, la jornada máxima de trabajo, el salario mínimo, la protección a mujeres y menores trabajadores, la edad mínima para hacer contratos legales, el descanso obligatorio, la protección a la maternidad, el reparto de utilidades, la proporcionalidad entre trabajo y salario, los derechos de asociación, de huelga y de paro.

El artículo 115 también fue objeto de especial debate acerca de la economía, autonomía y atribuciones del municipio, que habían sido abatidos por los jefes políticos del porfiriato. La propuesta aprobada fue de Gerzayn Ugarte, secretario particular de Carranza.

En los artículos 24 y 130 predominó la concepción del clero como un instrumento de dominio político y apéndice de un Estado extranjero, el Vaticano, que atentaba contra la soberanía de las naciones. El debate se dio sobre la necesidad de establecer controles legales sobre la Iglesia, lo cual fue aceptado por la mayoría de la asamblea.

Los derechos humanos están contenidos en las declaraciones de garantías individuales y de garantías sociales. Las garantías individuales se concentran en los primeros 28 artículos La declaración de garantías sociales se encuentra principalmente en los aa. 3, 27, 28 y 123. Estos dispositivos constitucionales I reglamentan la educación, el agro, la propiedad y el trabajo. . La Constitución, es la primera en el mundo en establecer, las garantías sociales.

La idea de la soberanía que adopta la nueva Constitución  se expresa en su artículo 39, y responde al pensamiento de Rousseau, toda vez que hace residir la soberanía en el pueblo. La expresión "soberanía nacional", que utiliza este artículo, quiere expresar que desde su independencia México tiene una tradición que no encadena sino que se proyecta hacia el devenir. Según este mismo artículo, la soberanía nacional reside en el pueblo de dos maneras: esencial y originariamente. Por esencial, se debe entender que la soberanía está en el pueblo en todo momento y que no se puede delegar y, originariamente, implica que la soberanía jamás ha dejado de residir en el pueblo.

El principio de la supremacía del Estado sobre las iglesias, es resultado del proceso histórico operado en este país, y se encuentra plasmado, básicamente, en el artículo 130.

Doralicia Carmona: MEMORIA POLÍTICA DE MÉXICO. 

A 100 años de promulgada la Constitución de 1917 queda poco de su espíritu. Los gobiernos Neoliberales la han desvirtuado con más de 600 "reformas". ¿Será necesaria otra Revolución?

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